Muerte digna ¿de qué se trata esta nueva ley?

Aquellas personas que sufran una enfermedad terminal podrán aceptar o rechazar procedimientos o tratamientos médicos que representen mayor sufrimiento con el fin único de prolongar su vida. Esta iniciativa establece que las cirugías, la reanimación, la hidratación y la alimentación, podrán ser rechazadas, sin necesidad de exponer las razones o justificaciones, cuando su efecto sea prolongar en el tiempo este estado terminal, irreversible o incurable.

En el caso de las personas que estén incapacitadas física o psicológicamente para hacerlo, su cónyuge o conviviente, sus hijos mayores de 18 años, sus padres, sus hermanos, sus abuelos y otros familiares directos o su tutor podrán expresar su voluntad ya sea aceptando o rechazando las intervenciones médicas.

Esta iniciativa modifica distintos artículos de la Ley 26.529 sobre Derechos del Paciente, promulgada hace tres años, mientras introduce cláusulas referidas a la “autonomía del paciente”, relacionadas con  el tratamiento de su enfermedad y la continuidad o cancelación de los procedimientos médicos.

Las personas mayores de edad podrán dejar documentada su voluntad a través de “directivas anticipadas” que deberán contar con la aprobación del médico a cargo. En todos los casos la expresión de la voluntad deberá ser por escrito, ante un escribano público o juzgados de primera instancia, y con la presencia de dos testigos, previa explicación por parte de los médicos de las causas y consecuencias de estos tratamientos, y el paciente podrá anular su voluntad en cualquier momento.

Por otro lado, esta ley evita que las decisiones médicas terminen siendo juzgadas o penalizadas, porque ante la falta de un marco legal al respecto, los médicos se veían amenazados a la hora de aconsejar a sus pacientes y familiares en relación al abandono de tratamientos ante una enfermedad terminal totalmente irreversible.

Los legisladores que apoyaron la aprobación de esta iniciativa hicieron hincapié en que no consagra la eutanasia ni el suicidio asistido, prácticas que en la Argentina de por sí están penadas por la ley.

El caso de Camila, una niña de tres años que está inconsciente tras haber sido reanimada luego de nacer muerta por una mala praxis, fue el disparador de la discusión sobre muerte digna en el recinto legislativo y claramente no es el único caso que necesitaba de un marco legal para ser atendido.

Fuente: Diario La Nación